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Programa Nueva Mayoría y su Flexibilidad Fiscal

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 TAGS:Cuando en octubre del 2013, Michelle Bachelet entrega su programa de gobierno, su equipo económico pronostica la necesidad de una reforma tributaria cercana a los U$8.000 millones, bastante más verosímil que los U$17.000 millones de su aquel entonces representante de la Alianza. En la actualidad, ya poseemos la Ley de Presupuesto 2014 en conjunto con sus proyecciones, es decir, ingresos aproximados de U$ 60.000 millones, con gastos de U$61.000 millones y con un déficit fiscal efectivo de 0,9% del PIB.

Con este escenario el ejecutivo se ve algo presionado, considerando que el Congreso no es capaz de lograr un aumento en la suscrita ley, empero, si es capaz de reducirla -como ocurrió el año 2007 con el rechazo de la partida presupuestaria del Ministerio de Transporte-. No pasa lo mismo con el gasto fiscal, ya que aquellos gastos ya fijados por ley, no podrían ser modificados en el futuro, de forma tal, que el ejecutivo tiene la seguridad en temas relacionados con subsidios, bonos, pensiones, entre otros, logrando que el aumento de un 2,1% en el gasto fiscal para el año 2014 permita cubrir el gasto de arrastre.

Por otro lado, existen fondos de libre uso que el gobierno de Sebastián Piñera deja a su sucesora, con montos aproximados a U$380 millones para distribución suplementaria y U$220 millones para reasignaciones. Ahora bien, se debe tener presente que por ley, las reasignaciones son reguladas por decreto, impidiendo el traspaso de gastos de capital a corrientes. A pesar de aquello existen algunos dictámenes en Contraloría que permiten realizar algunos traspasos siempre y cuando no afecten un 70% del gasto total, de modo, que el manejo administrativo y económico se convierte en una materia fundamental para el próximo gobierno, el cual posee la experiencia necesaria y suficiente para lograr dicho objetivo.

Si bien la DIPRES indica la concesión de una holgura fiscal de U$9.500 millones para la nueva administración de gobierno en los cuatro años, la situación se ve supeditada a un balance estructural del -1% del PIB entre el 2015 y el 2017, en conjunto con un crecimiento efectivo del 4,8% en el PIB y un estabilidad en el precio del cobre. De modo, que no es momento para experimentar.

En definitiva, la nueva administración tiene una gran responsabilidad que puede ser cubierta por nuevos planes en contra la evasión del IVA y del impuesto de renta, con un fuerte control en los costos de las empresa públicas en materias financieras, generando con ello mejores condiciones de deuda para el financiamientos de sus futuros proyectos de inversión. Ahora bien, esto no ha considerado una apresurada Reforma Tributaria, que podría incluso en el segundo semestre del 2014 forzar la necesidad de la aprobación de un presupuesto complementario. Las condiciones podrían ser mejoradas, y es evidente que una administración de estado ya experimentada podría lograr objetivos muy interesantes.

Juan Luis Oyarzo Gálvez

 

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